Freddy Can
La implantación del servicio público de carrera, en nuestro país, no ha caído en tierra fértil. En el gobierno federal, funciona con serias dificultades a causa de la todavía inercia de incorporar recursos humanos a la administración pública por la lealtad política, relaciones de parentesco o de amistad. En las entidades del país, el servicio público de carrera está prácticamente fuera de servicio.
Quintana Roo tiene su propia historia sobre este tema, que de manera breve expongo en las siguientes líneas.
El proyecto de servicio público de carrera, que nació con la publicación de la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo, en febrero de 2002, con una cobertura de normatividad aplicable para los tres poderes del Estado y los gobiernos municipales; concebida así por el legislador, no cuajó lo suficiente en el ánimo y la voluntad política de las autoridades sujetas a cumplir lo estipulado de implantar un sistema de profesionalización y de carrera pública en toda la estructura ocupacional del Estado.
Durante los años posteriores a la publicación de la ordenanza legislativa, sólo el Poder Ejecutivo del Estado trasladó a la práctica administrativa algunas de las encomiendas de la ley en la materia. Así, ésta autoridad logra conjuntar el interés de las partes para instalar los órganos operativos del sistema del servicio público de carrera: el Consejo Directivo integrado por los oficiales mayores de los tres poderes y de los gobiernos municipales, y los comités, uno por cada poder y municipio del estado.
En el interior del Consejo Directivo, el Poder Ejecutivo tendría el papel de presidente; el Poder Legislativo, de vicepresidente; el Poder Judicial, de secretario técnico, y los municipios serán vocales. Hasta ahí quedaría la estructura macro del sistema del servicio público de carrera.
Desde su instalación, en el año 2004, hasta el presente año, el Consejo Directivo no ha dado señales de funcionamiento. Los poderes legislativos y judiciales y los gobiernos municipales se quedaron estacionados en esta fase.
En cambio, el Poder Ejecutivo del Estado, durante esos mismos años, instaló su comité y se produjeron algunos medios normativos y procedimentales para operar y desarrollar el sistema del servicio público de carrera en la administración pública centralizada y descentralizada.
Sin embargo, todo este trabajo de organización y respaldo reglamentario se enfrentó a un atasco en los complicados caminos de la decisión en los rangos superiores de autoridad administrativa.
El bache administrativo que se extendió hasta finales de 2009, dejó prácticamente inutilizables la organización y los pocos medios e instrumentos normativos y procedimentales creados para desarrollar el sistema púbico de carrera del Poder Ejecutivo.
Al final de la presente administración gubernamental (2005-2011), se ha retomado el caso, y en eso está ocupado el gobierno del Estado a través de su Oficialía Mayor con apoyo técnico del Instituto de Administración Pública Profesional de Quintana Roo: un proyecto de sistema de servicio profesional de carrera que, a decir del grupo de trabajo de análisis (Oficialía Mayor/ IAPQROO), requiere cirugía mayor, inclusive legislar de nuevo al respecto.
Así va esta breve historia sobre el proceso de creación e implantación del servicio público de carrera en Quintana Roo, una voluntad disminuida en el tiempo por el desinterés que se nutre de las aún persistentes costumbres clientelares en el manejo del recurso humano: la lealtad basada en la amistad o el compromiso político frente a los criterios de selección en el principio del mérito.
Pero no está en mejor situación la implantación del servicio público de carrera en el resto de entidades del país que, como Quintana Roo, ya cuentan con un andamiaje jurídico y procedimental. También en ellas el proyecto está prácticamente fuera de servicio. En el gobierno federal, el servicio público de carrera opera asediado del rutinario estilo de la lealtad.
Algunos gobiernos de los estados han tomado un camino alterno: la certificación corporativa, para mostrar que la administración pública es de calidad y con estándares aceptables de eficiencia.
La implantación del servicio público de carrera, en nuestro país, no ha caído en tierra fértil. En el gobierno federal, funciona con serias dificultades a causa de la todavía inercia de incorporar recursos humanos a la administración pública por la lealtad política, relaciones de parentesco o de amistad. En las entidades del país, el servicio público de carrera está prácticamente fuera de servicio.
Quintana Roo tiene su propia historia sobre este tema, que de manera breve expongo en las siguientes líneas.
El proyecto de servicio público de carrera, que nació con la publicación de la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo, en febrero de 2002, con una cobertura de normatividad aplicable para los tres poderes del Estado y los gobiernos municipales; concebida así por el legislador, no cuajó lo suficiente en el ánimo y la voluntad política de las autoridades sujetas a cumplir lo estipulado de implantar un sistema de profesionalización y de carrera pública en toda la estructura ocupacional del Estado.
Durante los años posteriores a la publicación de la ordenanza legislativa, sólo el Poder Ejecutivo del Estado trasladó a la práctica administrativa algunas de las encomiendas de la ley en la materia. Así, ésta autoridad logra conjuntar el interés de las partes para instalar los órganos operativos del sistema del servicio público de carrera: el Consejo Directivo integrado por los oficiales mayores de los tres poderes y de los gobiernos municipales, y los comités, uno por cada poder y municipio del estado.
En el interior del Consejo Directivo, el Poder Ejecutivo tendría el papel de presidente; el Poder Legislativo, de vicepresidente; el Poder Judicial, de secretario técnico, y los municipios serán vocales. Hasta ahí quedaría la estructura macro del sistema del servicio público de carrera.
Desde su instalación, en el año 2004, hasta el presente año, el Consejo Directivo no ha dado señales de funcionamiento. Los poderes legislativos y judiciales y los gobiernos municipales se quedaron estacionados en esta fase.
En cambio, el Poder Ejecutivo del Estado, durante esos mismos años, instaló su comité y se produjeron algunos medios normativos y procedimentales para operar y desarrollar el sistema del servicio público de carrera en la administración pública centralizada y descentralizada.
Sin embargo, todo este trabajo de organización y respaldo reglamentario se enfrentó a un atasco en los complicados caminos de la decisión en los rangos superiores de autoridad administrativa.
El bache administrativo que se extendió hasta finales de 2009, dejó prácticamente inutilizables la organización y los pocos medios e instrumentos normativos y procedimentales creados para desarrollar el sistema púbico de carrera del Poder Ejecutivo.
Al final de la presente administración gubernamental (2005-2011), se ha retomado el caso, y en eso está ocupado el gobierno del Estado a través de su Oficialía Mayor con apoyo técnico del Instituto de Administración Pública Profesional de Quintana Roo: un proyecto de sistema de servicio profesional de carrera que, a decir del grupo de trabajo de análisis (Oficialía Mayor/ IAPQROO), requiere cirugía mayor, inclusive legislar de nuevo al respecto.
Así va esta breve historia sobre el proceso de creación e implantación del servicio público de carrera en Quintana Roo, una voluntad disminuida en el tiempo por el desinterés que se nutre de las aún persistentes costumbres clientelares en el manejo del recurso humano: la lealtad basada en la amistad o el compromiso político frente a los criterios de selección en el principio del mérito.
Pero no está en mejor situación la implantación del servicio público de carrera en el resto de entidades del país que, como Quintana Roo, ya cuentan con un andamiaje jurídico y procedimental. También en ellas el proyecto está prácticamente fuera de servicio. En el gobierno federal, el servicio público de carrera opera asediado del rutinario estilo de la lealtad.
Algunos gobiernos de los estados han tomado un camino alterno: la certificación corporativa, para mostrar que la administración pública es de calidad y con estándares aceptables de eficiencia.
